AMNESTY INTERNATIONAL PRESS RELEASE

Al pié en castellano Colombia: La condena por violación y asesinatos relacionados con el conflicto, “una victoria poco habitual”

28 August 2012


Conviction for conflict-related rape and murders ‘a rare victory’

A civilian court’s conviction of a Colombian junior army officer for the murder and rape of a girl is a rare victory for those campaigning against impunity for sexual crimes committed during the country’s decades-old armed conflict, said Amnesty International.

On Monday sub-Lieutenant Raúl Muñoz Linares was sentenced to 60 years in prison for the rape and murder of 14-year-old Jenni Torres, as well as the murder of her brothers, nine-year old Jimi and six-year-old Jefferson, and the rape of another girl, in Tame – in north-eastern Colombia’s Arauca region – in October 2010.

“The conviction of Raúl Muñoz is a testament to the perseverance of the victims’ families and their lawyers. It is rare that perpetrators of human rights abuses are ever brought to justice in Colombia, and more so if they are members of the security forces and if the crime is one of sexual violence,” said Amnesty International Colombia Researcher Marcelo Pollack.

The case against the Sub-Lieutenant was repeatedly held up by the dubious delaying tactics of his defence team – prompting criticism from the presiding judge – and was marked by the failure of the local army battalion to assist the families of the children.

After the three murdered children disappeared in Tame in October 2010, the army refused to help search for them. Then when the bodies were found, the local authorities refused to recover their remains.

Despite repeated complaints by the local community that soldiers were regularly sexually abusing and raping women and girls in the area, the army tried to blame local residents, criminal gangs and the guerrilla for the rape and killings.

In March 2011, the case was transferred to the capital Bogotá for security reasons after the presiding judge, Gloria Constanza Gaona, was shot dead in Saravena, Arauca.

The Torres family received threats, which forced them to leave the area, and a human rights organization assisting the victims’ families was also threatened.

“Although the government and the prosecuting authorities have implemented measures to combat impunity in such cases, these have been ineffectual. More must be done to ensure that the right of survivors to truth, justice and reparation is fully respected,” said Pollack.


Sexual violence in Colombia’s conflict

Sexual violence continues to be a defining feature of Colombia’s 45-year-old conflict. All the warring parties – the security forces, the guerrillas, and paramilitaries – are responsible for such crimes.

In 2008, Colombia’s Constitutional Court described sexual violence committed in the conflict as “habitual, extensive, systematic and invisible”, and called on the authorities to take effective measures to end such violence and the impunity for those responsible.

But four years later, the vast majority of those responsible for conflict-related sexual crimes continue to evade justice.

Other human rights violations by the military

In a separate case, a Bogotá court on Friday convicted a retired military general to 26 years in prison for the 1990s murder of a peasant farmer by a right-wing paramilitary group.

The court found that the retired general, Rito Alejo Del Río – who has been in detention since 2008 – did not participate directly in this and the many other killings committed in the area under his command but maintained close links with the paramilitaries near Urabá, north of Medellín, from 1995 to 1997, allowing them to commit abuses with impunity.

Collusion between members of the security forces and paramilitaries has and continues to fuel human rights violations in Colombia’s armed conflict.

Congress is currently debating a constitutional reform bill that, if approved, will strengthen the military justice system’s role in investigating and prosecuting human rights violations in which the security forces are implicated.

“Military courts in Colombia have a shameful history of closing investigations into cases of human rights violations by members of the armed forces without holding those responsible to account,” said Pollack.

“If this reform is approved, it would be a serious step backwards in the fight against impunity, and would make it even more difficult to bring to justice those responsible for serious human rights abuses and violations of international humanitarian law.”

ENDS

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Comunicados de prensa
28 agosto 2012
Colombia: La condena por violación y asesinatos relacionados con el conflicto, “una victoria poco habitual”

La condena impuesta por un tribunal civil a un suboficial del ejército colombiano por el asesinato y la violación de una niña constituye una victoria poco habitual para quienes hacen campaña contra la impunidad por los delitos sexuales cometidos durante las décadas de conflicto armado en Colombia. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional.

El lunes, el subteniente Raúl Muñoz Linares fue condenado a 60 años de prisión por la violación y el asesinato de Jenni Torres, de 14 años, así como por el asesinato de los hermanos de ésta –Jimi, de nueve años, y Jefferson, de seis– y por la violación de otra niña, todo ello ocurrido en Tame, en la región de Arauca, noreste de Colombia, en octubre de 2010.

“La condena de Raúl Muñoz da testimonio de la perseverancia de las familias de las víctimas y sus abogados. Es poco habitual que los autores de abusos contra los derechos humanos comparezcan ante la justicia en Colombia, y más cuando son miembros de las fuerzas de seguridad y cuando el delito es de violencia sexual”, ha manifestado Marcelo Pollack, investigador de Amnistía Internacional sobre Colombia.

El caso contra el subteniente se demoró repetidamente por las dudosas tácticas dilatorias de sus abogados defensores –que provocaron las críticas de la juez encargada del caso–, y se caracterizó por la negativa del batallón local del ejército a ayudar a las familias de las víctimas.

Cuando los tres menores asesinados desaparecieron en Tame en octubre de 2010, el ejército se negó a ayudar a buscarlos. Más tarde, cuando se encontraron los cadáveres, las autoridades locales se negaron a recuperar los restos.

Pese a las reiteradas quejas de la comunidad local respecto a que los soldados estaban constantemente cometiendo abusos sexuales y violando a mujeres y niñas de la zona, el ejército trató de culpar de las violaciones y homicidios a los residentes locales, a bandas delictivas y a las guerrillas.

En marzo de 2011, el caso se transfirió a la capital, Bogotá, por motivos de seguridad después de que la jueza encargada del caso, Gloria Constanza Gaona, fuera asesinada a tiros en Saravena, Arauca.

La familia Torres recibió amenazas que la obligaron a abandonar la zona, y también hubo amenazas contra una organización de derechos humanos que ayuda a las familias de las víctimas.

“Aunque el gobierno y la fiscalía han adoptado medidas para luchar contra la impunidad en este tipo de casos, esas medidas han sido inefectivas. Hay que hacer más para garantizar el pleno respeto del derecho de las supervivientes a la verdad, la justicia y la reparación.”

Violencia sexual en el conflicto de Colombia

La violencia sexual sigue siendo un rasgo característico del conflicto armado de Colombia, que dura ya 45 años. Todas las partes enfrentadas –las fuerzas de seguridad, las guerrillas y los paramilitares– han sido responsables de ese tipo de delitos.

En 2008, la Corte Constitucional de Colombia describió la violencia sexual cometida en el contexto del conflicto como una práctica “habitual, extendida, sistemática e invisible”, y pidió a las autoridades que tomaran medidas efectivas para poner fin tanto a dicha violencia como a la impunidad para sus responsables.

Sin embargo, cuatro años después, la gran mayoría de los responsables de delitos sexuales relacionados con el conflicto siguen eludiendo la justicia.

Otras violaciones de derechos humanos cometidas por el ejército

En un caso diferente, un tribunal de Bogotá condenó el viernes a un general retirado a 26 años de prisión por el asesinato, cometido en la década de 1990, de un campesino a manos de un grupo paramilitar derechista.

El tribunal concluyó que el general retirado, Rito Alejo Del Río –detenido desde 2008–, no había participado directamente en éste ni en los muchos otros homicidios cometidos en el área bajo su mando, pero había mantenido estrechos vínculos con los paramilitares cerca de Urabá, en el norte de Medellín, desde 1995 hasta 1997, y les había permitido cometer abusos impunemente.

La connivencia entre los miembros de las fuerzas de seguridad y los paramilitares ha alimentado, y sigue alimentando, las violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado de Colombia.

El Congreso está debatiendo actualmente un proyecto de reforma constitucional que, si se aprueba, reforzará el papel del sistema de justicia militar en la investigación y el enjuiciamiento de las violaciones de derechos humanos en las que estén implicadas las fuerzas de seguridad.

“Los tribunales militares de Colombia tienen un vergonzoso historial de archivar investigaciones sobre casos de violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas sin hacer rendir cuentas a los responsables”, ha manifestado Marcelo Pollack.

“Si esta reforma se aprueba, supondrá un grave retroceso en la lucha contra la impunidad, y hará aún más difícil llevar ante la justicia a los responsables de abusos graves contra los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario.”

Índice AI: PRE01/411/2012

FIN