AMNESTY INTERNATIONAL PUBLIC STATEMENT

Date: 19 March 2018 Index:

AMR 23/8098/2018 Colombia:

Killing of the son of a murdered human rights defender denotes a lack of comprehensive protection of rights defenders and their families .

Amnesty International condemns the murder of Javier Bernardo Cuero Ortíz, son of Bernardo Cuero Bravo, on 19 March 2018 in the city of Tumaco, southern Colombia. His brother Silvio Dubán Ortíz was also killed during the events. Javier Bernardo and his family were sitting outside of a relative's store, when two unidentified individuals approached them on a motorcycle and fired directly at them, killing them both and wounding one more person. Amnesty International has received reports that the murderers aimed directly at Cuero's relatives, a sign that it was a planned event and that the rest of the family could still be at risk. The murder of Javier Bernardo took place just nine months after the murder of his father Bernardo Cuero, human rights defender and victims’ leader of the National Association of Displaced AfroColombians (AFRODES) in June 2017. The murders occurred just weeks after the trial hearing set to press charges against the perpetrators of the crime, and there is evidence regarding the intellectual perpetrators of this crime. Bernardo Cuero requested protection measures for him and his family from the Colombian state on numerous occasions. The protection measures were denied. The vulnerability and lack of protection faced by human rights defenders and their families in Colombia is critical. In 2017, the Office of the High Commissioner for Human Rights recorded 441 attacks, including 121 murders. As of 19 March 2018 there have been more than 20 killings. It is imperative that the Colombian government provides a clear and effective response that guarantees the comprehensive protection of defenders and social leaders in Colombia, which goes beyond police measures that have proved to be insufficient for individuals, their families and the communities they represent. Specifically, the Colombian government must develop and implement urgent measures to guarantee the protection of members of Afro-Colombian and Indigenous peoples which are jointly agreed upon, with primary inputs from consultations with community leaders and representative organizations. Likewise, judicial investigations concerning cases of killings and threats to defenders and their families, must be carried out in an effective and impartial manner so that all those responsible, including intellectual and materials perpetrators, are brought to justice. If urgent measures are not taken in regards to the situation of human rights defenders, civil society space will shrink further and violations of their human rights will continue, thus hindering the implementation of a stable and lasting peace in Colombia.

 

AMNISTÍA INTERNACIONAL

DECLARACIÓN PÚBLICA

Fecha: 19 de marzo de 2018 Índice: AMR 23/8098/2018 Colombia:

Asesinato de hijo de Defensor de Derechos Humanos asesinado denota la falta de protección integral a personas defensoras y sus familias.

Amnistía Internacional lamenta el asesinato de Javier Bernardo Cuero Ortíz, hijo de Bernardo Cuero Bravo el día 19 de marzo de 2018 en la ciudad de Tumaco al sur de Colombia. Su hermano Silvio Dubán Ortíz también fue asesinado durante los hechos. Javier Bernardo y su familia se encontraban en las afueras de la tienda de otro familiar suyo, cuando dos personas no identificadas se acercaron en moto y dispararon directamente contra ellos, asesinándolos e hiriendo a una persona más. Según se ha informado a Amnistía Internacional, los asesinos se dirigieron directamente hacia los familiares de Cuero, siendo esto una señal de que fue un hecho planificado y que el resto de la familia podría seguir en riesgo. El asesinato de Javier Bernardo ocurre nueve meses después del asesinato de su padre Bernardo Cuero, defensor de los derechos humanos y líder de víctimas desplazadas de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES) en junio del 2017. El hecho se da semanas después de la audiencia de imputación de cargos al autor material de dicho asesinato y hay indicios sobre la responsabilidad intelectual del crimen. Bernardo Cuero pidió en numerosas ocasiones ante el Estado Colombiano su protección y la de su familia. Las medidas de protección le fueron negadas. Es preocupante la situación de desprotección y vulnerabilidad que afrontan los defensores de derechos humanos y sus familias en Colombia. En el 2017 la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos registró 441 ataques, incluyendo 121 asesinatos. En lo corrido del 2018 van más de 20 asesinatos. Es imperativo que el Estado colombiano de una respuesta clara y efectiva que garantice la protección integral de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en Colombia, que vayan más allá de medidas policivas que son insuficientes tanto para las personas defensoras, sus familias y las comunidades a las que representan. En especial, el Estado colombiano debe desarrollar e implementar medidas urgentes para garantizar la protección concertada con miembros de comunidades afrocolombianas e indígenas teniendo como insumo principal las consultas de sus líderes, lideresas y organizaciones representativas. De igual modo, las investigaciones judiciales referentes a casos de asesinatos y amenazas de personas defensoras y sus familias deben llevarse a cabo forma efectiva e imparcial para que todas aquellas personas responsables, material e intelectualmente, sean llevadas ante la justicia. De no tomarse medidas urgentes ante la situación de las personas defensoras, seguirá reduciéndose el espacio de la sociedad civil y la continua violación de sus derechos humanos, lo que dificulta la implementación de una paz estable y duradera en Colombia