Biograf

Escándalo de la «parapolítica»

Se siguió investigando a alrededor de 70 miembros del Congreso por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares. Sin embargo, muchos legisladores renunciaron a sus escaños, asegurándose así de que la responsabilidad de las investigaciones pasara de la Corte Suprema de Justicia a las delegaciones locales de la Fiscalía General de la Nación, con lo que aumentó el riesgo de manipulación política. Algunos legisladores vieron sus causas archivadas, pero la Corte Suprema declaró culpables a otros y los condenó a penas de cárcel.

El escándalo agravó las tensiones entre el gobierno y la Corte Suprema. El gobierno afirmó que la actuación de la Corte se debía a motivos políticos, mientras que ésta acusó al ejecutivo de tratar de entorpecer las investigaciones. La mayoría de los legisladores implicados en el escándalo eran miembros de la coalición progubernamental. En diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de Iván Velásquez, magistrado de la Corte Suprema encargado de coordinar la investigación de la «parapolítica». Tales medidas imponían al gobierno una serie de obligaciones en torno a la seguridad del magistrado.

Grupos guerrilleros

Las FARC y el ELN siguieron matando a civiles y perpetrando secuestros. En los 12 meses previos a julio de 2008 se atribuyeron a los grupos guerrilleros más de 166 homicidios de civiles, frente a los 214 del mismo periodo en 2007.

  • Dos muchachos de 12 y 14 años murieron el 16 de enero, presuntamente a manos de las FARC, en el municipio de La Hormiga, departamento de Putumayo. Las casas de sus familias fueron también incendiadas. Los homicidios se cometieron al parecer en represalia por la negativa de los muchachos a unirse al grupo guerrillero.

El uso de minas terrestres por parte de los grupos guerrilleros fue un fenómeno generalizado. En 2008, más de 45 civiles y 102 miembros de las fuerzas de seguridad murieron, y 160 y 404, respectivamente, resultaron heridos, por la explosión de este tipo de minas.

  • El 27 de junio, tres niños indígenas del resguardo (reserva) de Las Planadas Telembí, en el municipio de Samaniego (departamento de Nariño), murieron al pisar unas minas colocadas por las guerrillas.

Se perpetraron varios atentados con bomba en centros urbanos –algunos de ellos atribuidos a las FARC por las autoridades–, cuyas principales víctimas fueron civiles.

  • Las autoridades colombianas responsabilizaron a las FARC de la detonación de un artefacto explosivo en Ituango, departamento de Antioquia, el 14 de agosto. Como consecuencia de la explosión, 7 personas murieron y más de 50 resultaron heridas en una zona de la ciudad en la que se estaba celebrando una fiesta. El grupo guerrillero negó la autoría del atentado.

En marzo, tropas colombianas atacaron una base de las FARC en Ecuador y mataron a «Raúl Reyes», número dos del grupo. La operación provocó un deterioro de las relaciones entre Colombia y los países vecinos.

El gobierno colombiano señaló que la información recuperada del ordenador de «Raúl Reyes» tras la incursión militar había revelado la existencia de una «red de apoyo» a las FARC en varios países europeos, así como los nombres de algunos políticos colombianos vinculados con el grupo guerrillero. El máximo dirigente de las FARC, «Manuel Marulanda», murió también en marzo, aunque por causas naturales.

Impunidad

La impunidad siguió siendo la norma en la mayoría de los casos de abusos contra los derechos humanos. Sin embargo, debido sobre todo a la presión internacional, se registraron progresos de forma sostenida en varias investigaciones relevantes. Algunos de los casos en los que se produjeron avances fueron el homicidio a manos del ejército y paramilitares de ocho miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en el municipio de Apartadó, departamento de Antioquia, en febrero de 2005, y el homicidio por el ejército de 10 agentes de la policía judicial, un informante de la policía y un civil, ocurrido en mayo de 2006 en Jamundí, departamento del Valle del Cauca.

Sin embargo, en la mayoría de estos casos los avances fueron escasos o nulos a la hora de determinar las responsabilidades en la cadena de mando.

Sindicalistas y defensores y defensoras de los derechos humanos

Se produjo un aumento de los homicidios de sindicalistas y de las amenazas contra defensores y defensoras de los derechos humanos, sobre todo en torno al 6 de marzo, con ocasión de las manifestaciones organizadas en Colombia y en el extranjero para protestar por las violaciones de derechos humanos cometidas por los paramilitares y las fuerzas de seguridad. La responsabilidad de estos ataques se atribuyó a los paramilitares.

Al menos 46 sindicalistas murieron de forma violenta en 2008, frente a los 39 de 2007; cerca de 12 defensores y defensoras de los derechos humanos murieron de forma violenta en 2008, una cifra similar a la registrada en 2007.

  • El 20 de septiembre, dos hombres armados a bordo de una motocicleta mataron a tiros a Ever González en el municipio de Bolívar, departamento del Cauca. Ever González, dirigente campesino de la organización no gubernamental CIMA, se había señalado por tratar de sacar a la luz pública las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo en ese departamento.

El presidente Uribe formuló una vez más declaraciones que ponían en entredicho la legitimidad del trabajo sobre derechos humanos.

  • En noviembre, tras la publicación de unos informes sobre Colombia por Amnistía Internacional y Human Rights Watch, el mandatario colombiano acusó a Amnistía Internacional de «ceguera», «fanatismo» y «dogmatismo». También acuso públicamente al director para las Américas de Human Rights Watch de ser «defensor» y «cómplice» de las FARC.

Secuestros y toma de rehenes

Entre los rehenes que recuperaron su libertad en 2008 después de años de cautiverio en poder de las FARC, la más destacada fue la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt. Ingrid Betancourt y otros 14 rehenes fueron liberados en una operación militar llevada a cabo el 2 de julio. La operación resultó polémica, ya que uno de los militares que participaron en la acción llevaba un emblema de la Cruz Roja, lo que constituía una violación del derecho internacional humanitario.

El 4 de febrero y el 20 de julio, millones de personas se manifestaron en Colombia y en todo el mundo para protestar por los secuestros de las FARC. Las FARC y el ELN seguían teniendo en su poder a centenares de rehenes.

Continuó disminuyendo el número de secuestros: en 2008 se registraron 437, comparados con los 521 de 2007. Las bandas criminales fueron responsables de la mayor parte de los secuestros registrados en 2008. Los secuestros específicamente relacionados con el conflicto se atribuyeron en su mayoría a los grupos guerrilleros.

Violencia contra mujeres y niñas

Todas las partes implicadas en el conflicto siguieron sometiendo a mujeres y niñas a abusos sexuales y a otras formas de violencia. Según los informes, los grupos guerrilleros obligaron también a mujeres combatientes a abortar o tomar anticonceptivos, violando así sus derechos reproductivos.

  • El 24 de septiembre, unos hombres armados mataron a tiros a Olga Marina Vergara, dirigente de la coalición de mujeres Ruta Pacífica de las Mujeres, en su domicilio de Medellín. Su hijo, su nuera y su nieto de cinco años murieron también en el atentado. El hecho coincidió con la publicación de un nuevo informe de la coalición sobre la violencia contra las mujeres en el contexto del conflicto armado.

El 14 de abril, la Corte Constitucional dictó una sentencia sobre los derechos de las mujeres desplazadas como consecuencia del conflicto. En él se establecía un vínculo explícito entre desplazamiento y violencia sexual, y se llegaba a la conclusión de que el conflicto había tenido un impacto desproporcionado entre las mujeres. Se pedía también al gobierno que pusiera en marcha 13 programas específicos para proteger a las mujeres desplazadas como consecuencia del conflicto.