Biograf

Ejecuciones extrajudiciales por las fuerzas de seguridad

El homicidio de decenas de jóvenes en Soacha, cerca de la capital, Bogotá, obligó al gobierno a reconocer finalmente que las fuerzas de seguridad eran responsables de ejecuciones extrajudiciales. Según los informes, el homicidio de estos jóvenes –presentados falsamente por las fuerzas armadas como «guerrilleros muertos en combate»– se llevó a cabo en connivencia con grupos paramilitares o bandas de delincuentes. Como consecuencia del escándalo, en octubre fueron destituidos de las fuerzas armadas 27 oficiales, incluidos 3 generales, y en noviembre el comandante en jefe del Ejército, el general Mario Montoya, que había estado relacionado con violaciones de derechos humanos, tuvo que dimitir. El presidente Uribe señaló que los homicidios de Soacha no los investigaría la justicia militar –que solía reclamar la jurisdicción sobre este tipo de causas y luego las archivaba sin haberlas investigado en profundidad–, sino los tribunales civiles.

En los 12 meses previos a julio de 2008, las fuerzas de seguridad ejecutaron extrajudicialmente al menos a 296 personas, frente a las 287 del mismo periodo en 2007. El sistema de justicia militar reclamó la jurisdicción sobre muchas de estas causas.

En noviembre, durante una visita a Colombia, la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos afirmó que en Colombia las ejecuciones extrajudiciales eran al parecer sistemáticas y generalizadas.

Grupos paramilitares

Los grupos paramilitares siguieron actuando, a pesar de las declaraciones oficiales según las cuales todos los paramilitares se habían desmovilizado en el marco de un proceso patrocinado por el gobierno que se puso en marcha en 2003. Los paramilitares continuaron matando a civiles y perpetrando otras violaciones de derechos humanos, en ocasiones con el respaldo o la aquiescencia de las fuerzas de seguridad. En los 12 meses previos a julio de 2008 se les atribuyeron alrededor de 461 homicidios, frente a los 233 del mismo periodo en 2007.

  • El 14 de junio, miembros de la organización paramilitar Autodefensas Campesinas de Nariño entraron en San José de la Turbia, en el municipio de Olaya Herrera, departamento de Nariño y, tras advertir a la comunidad que había fuerzas navales en la zona y que colaboraban con ellas, llamaron a Tailor Ortiz. Cuando éste levantó la mano, los paramilitares dijeron: «A éste lo matamos ya». Acto seguido, tras atarlo y dispararle en la cabeza, afirmaron: «Cada vez que vengamos vendremos por alguien más».

Entre 2006 y 2008, las autoridades exhumaron de 1.441 fosas los cadáveres de unas 1.778 personas que habían sido víctima de desapariciones forzadas a manos de los paramilitares. Al finalizar 2008, sólo se habían identificado y devuelto a sus familiares los restos de cerca de 300 víctimas. Las exhumaciones adolecieron de graves defectos, lo que dificultó la identificación tanto de las víctimas como de los responsables de su muerte.

Las fuerzas de seguridad siguieron empleando a paramilitares supuestamente desmovilizados en labores operativas y de inteligencia, a pesar de la prohibición, establecida en 2007, de estas actividades.

El proceso de Justicia y Paz

Más de 130.000 víctimas de actos de violencia perpetrados por paramilitares presentaron solicitudes oficiales de reparación en virtud del proceso de Justicia y Paz. Este proceso permitía a los paramilitares que habían depuesto las armas beneficiarse de penas de cárcel notablemente más reducidas a cambio de confesiones de violaciones de derechos humanos y reparaciones para las víctimas. Sin embargo, el 90 por ciento de los paramilitares, al no poder ser incluidos en el proceso, eludieron la acción de la justicia. Continuaron los homicidios y las amenazas contra las víctimas que debían testificar en los juicios, y muchos paramilitares no colaboraron plenamente con los tribunales de Justicia y Paz y, en concreto, no devolvieron las tierras de las que se habían apropiado indebidamente. Esta circunstancia siguió minando el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

En mayo se extraditó a Estados Unidos a 15 dirigentes paramilitares nacionales para ser juzgados por cargos de tráfico de drogas. Su extradición se produjo después de que el gobierno colombiano alegara que no habían cumplido los requisitos establecidos en el proceso de Justicia y Paz. El gobierno estadounidense mantuvo en todo momento que los investigadores colombianos tendrían acceso a los paramilitares extraditados. Sin embargo, siguió siendo motivo de preocupación la posibilidad de que la extradición socavara las investigaciones que se estaban llevando a cabo en Colombia sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por los paramilitares y sobre los posibles vínculos de éstos con políticos y otros cargos públicos colombianos.

En mayo, la Corte Constitucional resolvió que el programa de protección aplicado por el gobierno a las víctimas y los testigos que participaban en el proceso de Justicia y Paz incumplía la obligación constitucional e internacional del Estado de impedir la discriminación y la violencia contra las mujeres.