Biograf

El persistente conflicto armado siguió afectando a centenares de miles de personas. La principal víctima era la población civil, y las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes eran las que corrían mayor peligro. Muchas de estas comunidades vivían en zonas de interés económico o estratégico para las partes enfrentadas. Todas las partes implicadas en el conflicto –fuerzas de seguridad, paramilitares y grupos guerrilleros– fueron responsables de abusos generalizados y sistemáticos contra los derechos humanos y de violaciones del derecho internacional humanitario. Algunos indicadores de la violencia relacionada con el conflicto, como el número de secuestros y tomas de rehenes, continuaron mejorando, pero otros empeoraron. Se registró un aumento de los desplazamientos internos y un recrudecimiento de los homicidios de sindicalistas y las amenazas contra defensores y defensoras de los derechos humanos. El número de homicidios de civiles a manos de las fuerzas de seguridad siguió siendo alto. Continuaron las operaciones de los grupos paramilitares a pesar de las afirmaciones del gobierno en sentido contrario. El homicidio de decenas de jóvenes por las fuerzas armadas comportó la destitución de altos mandos del ejército y forzó la dimisión de su comandante en jefe, el general Mario Montoya. Varios rehenes destacados que llevaban años en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) recuperaron su libertad, pero centenares de personas seguían en manos de este grupo y del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Se volvieron a atribuir a las FARC atentados con explosivos en zonas urbanas. Se registraron algunos avances en las investigaciones judiciales sobre casos emblemáticos de derechos humanos, aunque la impunidad siguió siendo un problema grave. La extradición de dirigentes paramilitares a Estados Unidos por cargos de narcotráfico socavó las investigaciones que se estaban llevando a cabo en Colombia en materia de derechos humanos.

Conflicto armado interno

En los 12 meses previos a julio de 2008, más de 1.492 civiles murieron como consecuencia del conflicto, frente a los 1.348 del mismo periodo en 2007. Más de 182 personas fueron víctima de desapariciones forzadas durante los 12 meses previos a julio de 2008, frente a los 119 del mismo periodo en 2007.

  • El 26 de mayo, las FARC mataron al indígena Óscar Dogirama Tequia en el municipio de Riosucio, departamento del Chocó. Lo acusaban de ser un informante del ejército.

La arraigada discriminación que sufren los desplazados por los conflictos dificulta aún más su acceso a los servicios básicos.
En octubre, con ocasión de las manifestaciones multitudinarias de indígenas que tuvieron lugar en el departamento del Cauca dentro del marco de las protestas a escala nacional en favor del derecho a sus tierras y en contra de los abusos contra los derechos humanos, se denunció que la policía antidisturbios (ESMAD) se había excedido en el uso de la fuerza y que algunos manifestantes se habían comportado de forma violenta. Decenas de manifestantes y de miembros de las fuerzas de seguridad resultaron heridos, y se recibieron informes sobre la muerte de varios manifestantes. Se produjo en todo el país una oleada de homicidios y amenazas contra dirigentes de comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes, que en algunos casos habían participado de manera activa en campañas sobre el derecho a la tierra.

  • Edwin Legarda, esposo de la líder indígena Aída Quilcué, resultó herido de muerte por disparos de tropas del ejército en circunstancias controvertidas, cuando se dirigía en un vehículo a la ciudad de Popayán, departamento del Cauca, el 16 de diciembre. Edwin Legarda iba a buscar a su esposa, que regresaba de Ginebra tras participar en una reunión sobre Colombia en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
  • El 14 de octubre, un grupo de paramilitares mató en la Zona Humanitaria de Caño Manso –una de las diversas comunidades creadas por la población local para defender su derecho como civiles a no verse implicados en el conflicto– a Walberto Hoyos Rivas, dirigente de la comunidad afrodescendiente asentada en la cuenca del río Curvaradó, en el departamento del Chocó. Walberto Hoyos Rivas había tratado de que se protegiera el derecho de las comunidades afrodescendientes a la propiedad colectiva de tierras de la cuenca del río Curvaradó, y había sobrevivido a un atentado en 2007. Cuando lo mataron, estaba previsto que prestara testimonio en el juicio contra dos paramilitares implicados en el homicidio de otro dirigente comunitario.

Aumentó de manera notable el número de nuevos casos de desplazamiento forzado: de 191.000 en la primera mitad de 2007, a 270.000 en el mismo periodo de 2008. El sur del país se vio afectado en especial como consecuencia de los persistentes combates entre las fuerzas de seguridad y grupos paramilitares y grupos guerrilleros.

Las personas desplazadas por el conflicto tenían que afrontar una discriminación y una marginalización muy arraigadas, lo que dificultaba aún más su acceso a servicios básicos como la salud y la educación.

Grupos guerrilleros y paramilitares reclutaron a niños y niñas por la fuerza. Las fuerzas de seguridad utilizaron a menores de edad como informantes, en contra de la directiva emitida en 2007 por el Ministerio de Defensa, en la que se prohibía el empleo de menores de 18 años para obtener información. El 12 de febrero, el gobierno aceptó por fin el mecanismo de supervisión y presentación de informes previsto en la resolución 1612 (2005) del Consejo de Seguridad de la ONU sobre los niños y los conflictos armados, pero expresó algunas reservas sobre su aplicación a los actos de violencia sexual.

En abril, el gobierno promulgó el Decreto 1290, por el que se establecía un programa para que las víctimas de abusos perpetrados por los grupos guerrilleros y paramilitares pudieran recibir del Estado indemnizaciones económicas. Sin embargo, el decreto no contemplaba la restitución de las tierras robadas ni otras formas de reparación, ni tampoco reparaciones para las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad.

Al finalizar el año, el Congreso no había votado todavía un proyecto de ley sobre reparaciones a las víctimas de abusos contra los derechos humanos, aprobado en noviembre por una comisión parlamentaria. La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos señaló que el proyecto de ley –muy suavizado por la mayoría progubernamental en la comisión– era discriminatorio tal como estaba redactado en ese momento.