AMNESTY INTERNATIONAL PUBLIC STATEMENT

 Al pié en castellano:  Continúa la lucha de 30 años por la justicia pese al fallo de la Corte Suprema

AMR 23/3099/2015

17 December 2015

 

30-year struggle for justice continues despite Supreme Court ruling

Colombia’s Supreme Court of Justice yesterday overturned the conviction of retired colonel Luis Alfonso Plazas Vega for his role in crimes under international law. In 2010, Plazas Vega had been sentenced to 30 years in prison for the crime of enforced disappearance.

Twelve people were forcibly disappeared following an assault by the security forces on the Palace of Justice in Bogotá in November 1985 after the M-19 guerrilla group had taken hostage those inside. Some 100 people died in the assault, including 11 Supreme Court judges.

The Colombian authorities must now redouble efforts to ensure that the whole truth about what happened during the assault on the Palace of Justice comes out and that all those responsible are identified and brought to justice before the ordinary civilian courts.

The families of some of the victims have campaigned for truth and justice for 30 years. This struggle has been painfully slow and only two senior army officers had been convicted: Plazas Vega and retired general Jesús Armando Arias Cabrales, who was sentenced to 35 years in 2011. Both men appealed their convictions. Last year, the Superior Tribunal of Bogotá ratified Arias Cabrales’ conviction, although his lawyers are appealing this decision. In 2011, retired general Iván Ramírez Quintero was acquitted of involvement in the forced disappearances, although the Office of the Attorney General and the victims’ lawyers are appealing.

Some of the families and their lawyers, including Jorge Eliécer Molano Rodríguez and Germán Romero Sánchez, have paid a heavy price for their tenacity over the years. They have been repeatedly threatened with death and subjected to acts of intimidation because of their involvement in this case. Despite such adversity, those campaigning for truth, justice and reparation remain steadfast in their conviction that all those responsible must be held to account.

The Colombian authorities must ensure that effective measures are put in place to ensure the safety of those under threat, in strict accordance with the wishes of those affected.

Background

The failure of the Colombian criminal justice system to advance investigations forced the victims’ families, in November 2013, to turn to the Inter-American Court of Human Rights to ensure that their long fought for right to truth, justice and reparation was respected.

In November 2014, the Inter-American Court ruled that the Colombian state was responsible for 10 of the 12 enforced disappearances, and for one extrajudicial execution. The Court ordered the state to carry out an investigation to determine the truth, to identify and sanction those responsible and to establish the whereabouts of those missing.

On 6 November 2015, in a public ceremony ordered by the Inter-American Court, President Juan Manuel Santos assumed responsibility and asked forgiveness for the state’s role in the enforced disappearance of 10 people, the enforced disappearance and extrajudicial execution of an 11th person, and the torture of several more.

 

AMNISTÍA INTERNACIONAL

DECLARACIÓN PÚBLICA

AMR 23/3099/2015

17 de diciembre de 2015

 Continúa la lucha de 30 años por la justicia pese al fallo de la Corte Suprema

La Corte Suprema de Justicia de Colombia anuló ayer la sentencia condenatoria que pesaba contra el coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega por su participación en delitos de derecho internacional. Plazas Vega había sido condenado en 2010 a 30 años de prisión por el delito de desaparición forzada.

En noviembre de 1985, 12 personas fueron sometidas a desaparición forzada tras asaltar las fuerzas de seguridad el Palacio de Justicia, en Bogotá, donde el grupo guerrillero M-19 había tomado como rehenes a quienes se encontraban dentro. En el asalto murieron unas 100 personas, entre ellas 11 magistrados de la Corte Suprema.

Las autoridades colombianas deben redoblar ahora sus esfuerzos por garantizar que se desvela toda la verdad de lo ocurrido durante el asalto al Palacio de Justicia y que se identifica a los responsables y se los pone a disposición de la justicia ante los tribunales civiles ordinarios.

Las familias de algunas de las víctimas llevan 30 años haciendo campaña por la verdad y la justicia. Esta lucha ha sido dolorosamente lenta, y sólo se ha declarado culpables a dos mandos militares: Plazas Vega y el general retirado Jesús Armando Arias Cabrales, que fue condenado a 35 años en 2011. Ambos apelaron contra sus sentencias condenatorias. El año pasado, el Tribunal Superior de Bogotá ratificó la sentencia contra Arias Cabrales, pero sus abogados han interpuesto un recurso contra esta decisión. En 2011, el general retirado Iván Ramírez Quintero fue absuelto de participación en las desapariciones forzadas, pero la Fiscalía General y los abogados de las víctimas han recurrido.

Algunas de las familias y sus abogados, entre ellos Jorge Eliécer Molano Rodríguez y Germán Romero Sánchez, han pagado un alto precio por su tenacidad a lo largo de todos estos años. Han recibido amenazas de muerte y sufrido actos de intimidación reiteradamente, por su participación en este caso. A pesar de esta adversidad, quienes luchan por la verdad, la justicia y la reparación siguen estando firmemente convencidos de que se debe hacer rendir cuentas a todos los responsables.

Las autoridades colombianas deben velar por que se tomen medidas efectivas para garantizar la seguridad de quienes reciben amenazas respetando estrictamente sus deseos.

Información complementaria

En noviembre de 2013, ante la falta de avance en las investigaciones en el sistema de justicia penal de Colombia, las familias de las víctimas se vieron obligadas a recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para conseguir que se respetara su larga lucha por el derecho a la verdad, a la justicia y a una reparación.

En noviembre del 2014, la Corte Interamericana decidió que el Estado colombiano era responsable de 10 de las 12 desapariciones forzadas y de una ejecución extrajudicial. Asimismo, ordenó al Estado llevar a cabo una investigación para determinar la verdad, identificar y sancionar a los responsables y establecer el paradero de las personas desaparecidas.

El 6 de noviembre de 2015, en una ceremonia pública celebrada a instancias de la Corte Interamericana, el presidente Juan Manuel Santos asumió la responsabilidad y pidió perdón por la participación del Estado en la desaparición forzada de 10 personas, la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de otra y la tortura y de varias más.

FIN